RISS · COLUMNA DE OPINIÓN
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Participación ciudadana, relacionamiento comunitario y desigualdades de poder en los territorios, a partir de la experiencia de Chiloé.
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¿Quién tiene realmente el poder cuando una empresa llega a un territorio a «dialogar» con sus comunidades?
La pregunta parece incómoda, pero resulta cada vez más necesaria frente al avance de grandes proyectos de inversión y de las estrategias de relacionamiento comunitario que los acompañan.
Desde 2023, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) cuenta con una Guía para la Participación Ciudadana Temprana, cuyo objetivo es promover el diálogo con las comunidades antes del ingreso de los proyectos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Anticipar preocupaciones, mejorar la información y prevenir conflictos son objetivos razonables. El problema aparece cuando el diálogo deja de entenderse como una herramienta de participación democrática y comienza a utilizarse principalmente para gestionar la oposición social como un riesgo para la inversión.
En torno a esta lógica, en Chile ha crecido una verdadera industria del relacionamiento comunitario. Empresas especializadas son contratadas para representar a los titulares de proyectos en los territorios, establecer vínculos con organizaciones locales y contribuir a conseguir la llamada «licencia social para operar»: aquella aceptación o legitimidad que una empresa busca obtener de las comunidades donde pretende instalarse.
Este fenómeno puede observarse con claridad en Chiloé, particularmente en el contexto de la expansión de la infraestructura energética. Un ejemplo tuvo lugar en 2023, durante el proceso de participación ciudadana temprana del proyecto eólico Altos de Tablaruca. En ese contexto, la consultora Nodo Chile, en representación de Atlas Renewable Energy, informó la entrega de bienes materiales a una comunidad local, entre ellos equipamiento para actividades comunitarias. Actualmente, la misma consultora participa en procesos vinculados a otros proyectos eléctricos, incluidas líneas de alta tensión en evaluación y el seguimiento de compromisos sociales y ambientales de líneas aprobadas.
No se trata de afirmar que entregar equipamiento, mejorar una calle o financiar infraestructura comunitaria sea, por sí mismo, una forma de comprar voluntades. El problema es más complejo: ¿qué ocurre cuando estos beneficios se despliegan en territorios donde las comunidades y las empresas participan en condiciones abismalmente desiguales?
La experiencia latinoamericana muestra que la cooptación comunitaria no siempre ocurre mediante un intercambio explícito. Puede desarrollarse de manera gradual, generando la percepción de que las preocupaciones de una comunidad están siendo escuchadas y resueltas. En determinados contextos, estas dinámicas pueden terminar debilitando organizaciones, fragmentando comunidades o transformando derechos fundamentales, como la salud o el acceso a un medio ambiente sano, en objetos de negociación o compensación.
Sin embargo, existen otros elementos que suelen quedar fuera de la discusión: la desigualdad en el tiempo, los recursos y la capacidad técnica entre las partes.
Una empresa puede disponer de abogados, ingenieros, especialistas ambientales, comunicadores y consultoras que trabajan durante meses o años en un proyecto. Una comunidad, en cambio, muchas veces debe enfrentar estos procesos mediante participación voluntaria, con escaso acceso a asesoría técnica y recursos económicos limitados.
La desigualdad no está, entonces, solamente en quién tiene más información. Está también en quién puede contratar profesionales, sostener reuniones, elaborar estrategias y permanecer durante largos períodos en un territorio. Mientras una parte puede profesionalizar su presencia, la otra puede terminar agotada intentando responder a procesos que demandan tiempo y conocimientos especializados. El diálogo puede existir formalmente, pero eso no significa que las condiciones para participar sean equivalentes.
Por eso resulta necesario mirar con mayor atención la industria del relacionamiento entre empresas y comunidades. Las consultoras pueden cumplir una función legítima de intermediación y facilitar la comunicación, pero su posición también puede generar una apariencia de neutralidad y confianza que no necesariamente refleja sus vínculos e intereses.
Así, una política diseñada para prevenir conflictos puede terminar profundizándolos si el diálogo se convierte principalmente en una herramienta para administrar el «riesgo social» de un proyecto y no en un espacio donde las comunidades puedan deliberar e incidir realmente.
Si queremos una participación ciudadana efectiva, no basta con abrir más espacios de diálogo. También debemos preguntarnos quién llega a esos espacios con más información, más recursos y mayor capacidad de negociación.
Reducir estas asimetrías requiere avanzar en transparencia y regulación de las consultoras de relacionamiento comunitario, definir claramente sus atribuciones y límites, y fortalecer las capacidades técnicas de las propias comunidades. También exige que las autoridades locales y las organizaciones territoriales puedan identificar y hacer seguimiento a las estrategias de relacionamiento desplegadas por empresas y consultoras, especialmente en territorios rurales donde estos procesos pueden constituir la primera forma de entrada de grandes proyectos.
Finalmente, en un contexto político marcado por el debilitamiento de derechos sociales y una creciente privatización de bienes comunes, reafirmamos el valor de la organización social y la articulación territorial. Fortalecer las capacidades colectivas para acceder a información, construir posiciones y negociar en contextos de desigualdad resulta fundamental para ampliar la incidencia en la planificación territorial y la protección socioambiental, particularmente en contextos rurales y campesinos.
La participación ciudadana no puede reducirse a un mecanismo para hacer más predecible la aprobación de proyectos: debe constituir una herramienta efectiva para que quienes habitan los territorios puedan intervenir, en condiciones más justas, en las decisiones que determinarán su futuro.
Daniela Morales Fredes · Abogada Sindy Urrea Maturana · Tecnóloga Médica Salubrista Vanessa Durán Sanzana · Bióloga Ambiental Red de Investigadoras Socioambientales del Sur (RISS)